Pablo Ulloa se compromete a investigar sobre incumplimiento de sentencia del TC.
Por Martin Restituyo
El empresario canadiense Antonio Carbone se reunió con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, a quien denunció la violación de sus derechos al no ejecutarse dos sentencias que le favorecen.
El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en el despacho de Ulloa, donde el empresario le solicitó al Defensor del Pueblo su intervención inmediata en su caso.
A su salida de la reunión, Carbone indicó que el funcionario defensor de los derechos del pueblo se comprometió a iniciar las indagatorias de lugar.
El inversionista extranjero precisó que tuvo muy buena receptividad de Ulloa, en quien dijo confía plenamente.
De igual forma, precisó que le mostró al Defensor del Pueblo la sentencia TC-0367-21, que ordena la devolución de los bienes del empresario canadiense.
Dijo que también le presentó la sentencia TC/0515/23 que anuló la núm. 001-022-2020-SSEN-00861, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020).
Señaló que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Hacienda están incumpliendo ambas sentencias.
Indicó que también lo puso al tanto de la supuesta asociación de malhechores que alegadamente dirige el diputado Sergio “Gory” Moya, quienes armaron la trama para despojarlo de sus bienes valorados en más de 580 millones de dólares.
“También le comunicamos al Defensor del Pueblo cómo fuimos condenados por un alegado intento de homicidio contra una persona que era mi empleado y hoy es dueño de parte de mi patrimonio”, precisó el inversionista extranjero.
Dijo que su lucha contra la corrupción no desmayará para que casos como el suyo, que afectan la inversión extranjera, no vuelvan a repetirse.
Advirtió, además, que irá donde tenga que ir, incluso a organismos internacionales para que se respete la ley.
A su salida, carbone saludo a múltiples seguidores que se apostaron allí para respaldar dicha iniciativa, la cual estuvo encabezada por representantes del Comité Dominicano de los derechos humanos.
